Wikileaks
visibiliza a vende-patria
Por
Indira Capio Olivo y Ernesto J Navarro (*)
En
la Revolución Bolivariana de Venezuela no hace falta pasar por la
lista Tascón para ser públicamente antichavista, con sólo declarar
ante funcionarios de la embajada de EEUU en Caracas basta. Ahora,
pican y se extienden los Wikileaks y nadie lo desmiente y a nadie
parece importarles. Pero... ¿El que calla... otorga?
Si
el contenido
del cable
de
la embajada estadounidense publicado por
Wikileaks -fechado
el 16 de abril de 2004 y
traducido a continuación-
fuese
cierto, se reconocería
abiertamente la intervención de la embajada de USA en los asuntos
internos de Venezuela y cómo funcionarios de alto nivel del
gobierno se
prestaron para ser informantes.
Si
acaso lo más importante, debido a que la premisa anterior ha sido
suficientemente demostrada a lo largo de la historia (nos referimos
al intervencionismo yanqui) ¿Es acaso la entrega de información
confidencial de los ministerios venezolanos a representantes de otros
países considerado una traición a la patria?
Según
el Código
Penal
venezolano
en su Libro segundo Titulo I, Capitulo I De
la traición a la patria y otros delitos contra ésta,
SI. En este, se establece
en el artículo 128 que
“cualquiera
que, de acuerdo con una Nación extranjera o con enemigos exteriores,
conspire contra la integridad del territorio de la patria o contra
sus instituciones republicanas, o la hostilice por cualquier medio
para alguno de estos fines, será castigado con la pena de presidio
de veinte a treinta años”.
Nos
preguntamos, los sapos que a continuación aparecen soltando la legua
en el centro de operaciones del imperio usamericano ¿Dónde están?
¿Qué hacen? ¿Siguen como burócratas de oficio? O ¿Lograron
conseguir las prebendas
por las que -gustosamente-
vendieron a su país? ¿Están
en su pequeña Venecia mental, chupando de la “revolución” o
habitan en Westonzuela, cuna de la gusanera venezolana en Miami?
Estén
o no en “su país”, según el artículo 129
de
la ya citada reglamentación, debería
salirles
hacha y machete. “El
que dentro o fuera de Venezuela, sin complicidad con otra Nación,
atente por si solo contra la independencia o la integridad del
espacio geográfico de la República, será castigado con la pena de
presidio de veinte a veintiséis años”.
Eduardo
Porcarelli, Roberto Arias (antes
funcionarios
de
MinComercio),
Jorge
Szeplaki (Procompetencia),
José
Fermín (ex
Consultor jurídico del
Servicio
Autónomo
de Propiedad
Intelectual),
Carlos
Abello (Ex
Director de Mercadeo del Ministerio
de Agricultura
y Tierras)
y Nilsa Mujica (Ex
directora de Comercio Internacional de MinComercio)
figuran como los deslenguados apátridas y custodios de
los intereses económicos de EEUU sobre Venezuela y lo
peor, es que estaban
enquistados en la administración
pública.
Quien
se atrevan a negar que hay otros
sapos
como estos
en la burocracia bolivariana actual, que lance otra pesquisa
en Wikileaks. Nosotros,
que no somos santos, ya lanzamos la nuestra.
La
siguiente
traducción no sólo constituye la
cita textual de
una comunicación entre
burócratas estadounidenses, sino que trasluce las formas de la
ingerencia imperialista en los gobiernos progresistas de
Latinoamérica.
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Identificación
de referencia: 04CARACAS1313
Tema:
politizando la burocracia económica de Venezuela
Origen:
Embajada en Caracas (Venezuela)
Hora
del cable: Viernes, 16 de abril de 2004 00:00 UTC
Clasificación:
CONFIDENCIAL
El
presente récord es un
extracto parcial del cable original. El texto completo del original
no está disponible.
CONFIDENCIAL
CARACAS
001313 SIPDIS NSC FOR CBARTON USAID DCHA/OTI FOR RUSSELL PORTER E.O.
12958: DECL: 03/22/2014
03/22/2014
ETIQUETAS: ECON [Condiciones Económicas],
ETRD [Comercio Internacional], PGOV [Asuntos
gubernamentales internos], VE [Venezuela]
Clasificado
por: Embajador Charls S. Shapiro por razones 1.4 (b) y (d)
Resumen:
1. Los actuales esfuerzos para asegurar la lealtad dentro de las
instituciones del gobierno venezolano al utilizar la lista de
personas que firmaron la solicitud de referéndum en contra del
presidente Chávez toma lugar en el contexto de una larga historia de
despidos políticamente motivados y reestructuración de personal con
la finalidad de cementar el control del gobierno sobre la burocracia.
Funcionarios de la embajada han recibido numerosos informes de
técnicos, particularmente en los ministerios de economía y
comercio, quienes han sido reemplazados por funcionarios que
tienen vínculos militares, partidistas o personales más cercanos
con Chávez y/o sus a altos asesores. Esta tendencia, que incluye la
designación en octubre de 2003 de un ex funcionario militar como
Ministro de Producción y Comercio ya ha comenzado a tener efectos
significativos en las políticas económicas internacionales y
nacionales de Venezuela. FIN DEL SUMARIO.
Deshaciéndose
de los técnicos
2.
El ex teniente de la Fuerza Aérea, teniente Wilmar Castro,
participante de la intentona golpista del presidente Hugo Chávez en
1992, reemplazó al ministro de Producción y Comercio, Ramón
Rosales, en octubre de 2003 (ref A). Esto marcó una tendencia dentro
de los ministerios económicos de reemplazar funcionarios
técnicamente sofisticados a niveles ministeriales y
viceministeriales por personas cuyas conexiones políticas superaban
su experiencia en sus nuevas áreas (Rosales, un especialista
académico en comercio internacional, era un rabioso opositor a la
“globalización”, pero era respetado en el negocio por ser un
conocido y de alguna manera favorable interlocutor en temas
específicos). Desde entonces, hemos recibido otros informes de
cambios de personal políticamente motivados, los cuales llegan
considerablemente a los más bajos rangos de funcionarios civiles. En
diciembre de 2003, Eduardo Porcarelli, ex director de la Oficina
de Comercio Internacional del Ministerio de Producción y Comercio
(MPC) le dijo a funcionarios de la sección de economía de la
embajada que había renunciado a su cargo en septiembre de 2003
porque había sido altamente marginalizado dentro del ministerio.
Roberto Arias, especialista en comercio en la misma oficina del
MPC, también describió su traslado a un trabajo diferente
dentro del gobierno como una acción ilegal y por razones políticas.
Arias contó a funcionarios de economía de la embajada que
cuatro personas en la oficina habían sido transferidas o renunciaron
en un período de dos meses.
3.
(C) Arias y Porcarelli notaron la importancia que tiene la oficina
donde trabajaban para el desarrollo y promoción de las políticas
económicas internacionales de Chávez. Sus reemplazos, que son en su
mayoría, designaciones políticas con poca experiencia en comercio
internacional, actualmente están manejando preparaciones para las
negociaciones de la OMC y las próximas asociaciones de Venezuela con
el Mercosur (ref B). Porcarelli y Arias confirmaron los
testimonios de que otros expertos técnicos en el MPC, el Ministerio
de Agricultura y Tierras y el Ministerio de Planificación y
Desarrollo están siendo marginados en temas críticos.
4.
(C) Jorge Szeplaki, superintendente del organismo de protección
de la libre competencia de Venezuela (Procompetencia), dijo a
funcionarios de la sección de economía que había despojado a
su organización del rol tradicional como una de las asesoras
técnicas en la preparaciones para las negociaciones del TLC. Según
Szeplaki, la comisión presidencial que actualmente maneja la
política venezolana para el TLC está conformada por ideólogos que
tienen relaciones cercanas con Chávez. El
presidente de la Comisión, el ex viceministro de Industria y actual
directivo de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Víctor Álvarez, dijo
al consejero económico de la embajada en agosto de 2003 que
el Gobierno venezolano haría lobby para posponer las negociaciones
del TLC hasta que todos los países involucrados lograsen una
“paridad económica” (ref C). Álvarez es un autoproclamado
opositor al liberalismo económico y el principal oponente del
gobierno a la alternativa regional dirigida por Latinoamérica al
TLC. El Ministerio de Relaciones Exteriores, según el embajador
Óscar Hernández, director de Asuntos Económicos Internacionales y
ex representante permanente ante la OMC en Genova, está
completamente marginado de las negociaciones de comercio
internacional.
5.
(C) José Fermín, un funcionario civil de carrera y ex alto
asesor legal en la institución venezolana de patente y propiedad
intelectual (SAPI), dijo a funcionarios de la sección de economía
en enero que había sido uno de los despedidos del organismo por
razones políticas. Fermín dijo que su despido de enero de 2004 fue
ordenado por el director del SAPI, Eduardo Samán, debido a que se
rehusó a caer en las políticas políticamente influenciadas de
Samán. Contactos industriales confirmaron que varios funcionarios
civiles de carrera con experiencia técnica significativa habían
sido despedidos del SAPI como resultado de las aplicaciones de
patente que habían sido dilatadas. Samán es conocido como un
opositor a la salvaguardia ampliada de la protección de la propiedad
intelectual para farmacéuticas internacionales, las cuales considera
potencialmente perjudiciales para el sistema de salud de Venezuela
(ref D) (Nota: cuando Fermín se reunión con funcionarios de la
sección de economía de la embajada, Samán estaba en Cuba para
discutir la implementación de parte del Acuerdo Cuba-Venezuela de
2000 (ref E), el cual exhorta a la cooperación en asuntos de
protección a la propiedad intelectual).
6.
Bajo la influencia de Samán, el SAPI ha
disminuido el número de patentes otorgadas a productos
farmacéuticos, el gobierno venezolano ha
instituido una política de aprobación de copias internas de
productos farmacéuticos patentados internacionalmente para la venta
en Venezuela, y la Asamblea Nacional está considerando cambios a un
Proyecto de Ley de Propiedad que empeoraría el marco legal para la
protección de la propiedad intelectual (Comentario: Samán fue
reemplazado brevemente de su cargo el año pasado por el ex ministro
de Producción y Comercio, Rosales, pero lo regresaron a su puesto
una vez que este fue despedido. Fuentes de la industria dicen que la
cercana relación de Samán con Chávez facilitó su rápido regreso
al SAPI y la destitución de Rosales).
7.
(SBU) Los expertos técnicos en el sector de los alimentos también
parecen ser blancos. Fuentes del Ministerio de Agricultura y Tierras
(MST) dijeron a funcionarios de la embajada que el ex ministro
Oswaldo Carnevalli, una respetada figura en la industria, fue
despedido en junio de 2003 por notar públicamente la necesidad de
incrementar los precios de los alimentos, una evaluación realista
percibida por sus superiores como “contrarrevolucionaria”. Su
puesto lo ocupó el general Rafael Oropeza. El ex director de
mercadeo del MAT, Carlos Abello, dijo a funcionarios de la embajada
que lo estaban presionando para que renunciara porque ya no
manipularía la importación de licencias. Abello fue finalmente
reemplazado por un desconocido, Irahil Méndez. Fuentes de la
industria dicen que los costos por tonelada para las licencias de
importación de maíz han incrementado recientemente y al menos una
compañía afiliada estadounidense no ha podido obtener este permiso
desde septiembre de 2003.
Cambiando
las reglas del juego
8.
(C) La actual subdirectora de Comercio Internacional de MPC, Nilsa
Mujica, dijo a funcionarios de la sección económica que la
tendencia de transferir y despedir a funcionarios civiles podría ser
justificado bajo la Ley de Autoridad Pública de Venezuela de
noviembre de 2001, la cual establece el marco legal para la
contratación y el despido de empleados del gobierno. En su palabras,
“la nueva ley facilita la remoción de empleados improductivos y
disminuye la responsabilidad laboral”. El artículo 98 de esta ley
contempla el despido de funcionarios civiles de carrera de requerirse
cambios, cierre de oficinas o ajuste de personal, y previamente
aprobados por el despacho del Presidente. Otra razón para el despido
de funcionarios civiles bajo la ley es “participar en huelgas que
no cumplan con los requerimientos legales”.
9.
Mujica se quejó con funcionarios de la sección de economía que la
ley de 2001 había revocado garantías anteriores para empleados de
carrera que los hacía tan vulnerables para cortar con los despidos
como señalados políticos. La situación de los funcionarios
públicos empeoró con el desmantelamiento en octubre de 2003 del
primer Tribunal de Asuntos Administrativos Contenciosos de Venezuela.
El Tribunal Supremo consideró esta acción necesaria para atender
más eficientemente una alta carga de casos, sin embargo, el tribunal
todavía tiene que ser reemplazado por una corte equivalente. El
Primer Tribunal escuchó de casos de presuntas acciones ilegales del
gobierno y actuó como un tribunal de apelaciones por el despido
ilegal de empleados públicos (ref F). De acuerdo a Mujica, el
tribunal casi siempre se pronunció a favor de los empleados en esos
casos. Sugirió a funcionarios de la sección de economía que la
ausencia de alguna instancia para apelaciones ha tenido un efecto
escalofriante en empleados que hayan considerado protestar por lo que
consideran una tendencia de aplicar transferencias y despidos
políticamente motivados en los ministerios económicos.
--------COMENTARIO-----------
10.
Los despidos y acosos políticamente motivados dentro del sector
público se han hecho más visibles mientras el gobierno venezolano
apunta hacia personas que firmaron la solicitud de referéndum
revocatorio en contra del presidente Chávez. Existe un patrón mayor
de reemplazar figuras no partidistas en los ministerios económicos
por partidarios a Chávez. Mientras Chávez busque mantener sus
niveles de aprobación altos, también incrementa la importancia de
los ministerios que supervisan significativos fondos de “desarrollo”
interno, así como la política económica general. Es probable que
el gobierno de Venezuela continúe buscando una estrategia que le de
al Presidente más control de la burocracia y más acceso seguro a
fondos que pudiesen impulsar su popularidad. SHAPIRO NNNN
2004CARACA01313 – CONFIDENCIAL
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El
subrayado es nuestro
Nótese
la importancia en temas como la adhesión de Venezuela al TLC, el
ingreso del país al
Mercosur y el otorgamiento de patentes y licencias a empresas
estadounidenses por parte del gobierno bolivariano. Algunos temas
siguen siendo un misterio para la opinión pública nacional,
aun hoy, después de 7 años de supuestamente
haberse enviado
el cable.
Nota
de los autores: Estamos
convencidos de que la crítica y la autocrítica son necesarias para
el avance de la revolución. Con ese espíritu está hecho este
trabajo periodístico. NO
AUTORIZAMOS A NINGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN PRIVADO, BURGUÉS,
CAPITALISTA, DE DERECHA, A REPRODUCIR ESTA INFORMACIÓN, NI TOTAL NI
PARCIALMENTE.
(*)
Periodistas intragables
