Por Indira Carpio Olivo
Angélica tiene 30 años. Desde los 17 está con Rafael. Para entonces se embarazó y parió a Angelys, que ahora recién entra a la adolescencia. Rafael fue y vino de la finca La Coromoto, donde trabaja como capataz desde hace 20 años, con el doctor Elisaúl Barbosa, el “patrón”, como él lo llama.
En la ventolera, cuatro años después, Rafael vuelve a embarazar a Angélica. Ella se queda en casa, cuidando los predios ajenos junto a su marido, pero con la cabeza puesta en una tierrita para sembrar lo propio. Pare a otra niña. La llaman Yeseiliz. Angélica se hace cocinera para ayudar al marido.
A Rafael en los Andes se lo conoce como un hombre que orina en vasenilla, agachado, porque no da machos. Cinco años después, con dos niñas en casa, Angélica vuelve a prender. Esta vez, su ceiba parece dar con el mulo. Pero una carajita los vuelve a sorprender: Estefani Sofía, la llamaron. Si bien esta no había nacido hombre, brinca “como cabra loca”, según el padre.
Hace seis meses, volvieron a cosechar a otra niña, a la que mentaron Juana María. La niña no vino como las otras, con un pan bajo 'el brazo, o eso creyeron.
El mismo mes en que nació Juana María, en septiembre de 2017, les dijeron que podían tener un pedacito de tierra donde sembrar auyama, maíz, yuca, plátano, lo que pudieran, para dar de comer a sus hijas. Como a la mayoría de las familias campesinas y obreras del país, se les ha hecho cuesta arriba mandarlas a la escuela y poder comer en plena crisis económica.
Fueron a reuniones, porque 350 hectáreas de la finca La Magdalena habían sido decretadas ociosas por el Instituto Nacional de Tierras (Inti), el 21 de septiembre de 2017.
Ellos, Los Granado-Palencia, parte de la Cooperativa Bicentenaria, junto a dos asociaciones más -Juventud campesina y Guerreros socialistas- se harían cargo de producir esas tierras, según consta en el folio 2, del documento “Inicio de Rescate Autónomo sobre lote de terreno denominado La Magdalena- Medida Cautelar de Aseguramiento de la tierra”.
El viernes 16 de marzo de 2018, 32 campesinos -entre los que se encontraba Angélica- se juntaron en los terrenos. Presuntamente iban a parcelar. Al sitio llegó la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) El Vigía y la Fiscal 23 de ambiente, de nombre Miriam Briceño, que según el abogado de las cooperativas -Juan Carlos Alviarez- es la que arma el desagravio contra los campesinos, y la 7ma, Geraldine Zambrano, quien lo recibe.
Amenazaron con llevarse a los tres líderes, organizadores del rescate. Como acto de solidaridad, los 29 compañeros restantes se montaron en los vehículos tipo convoy de la GNB. Entre ellos, Angélica.
Cuenta Rafael que le pareció insólito que se les acusara de tala y quema, porque no habían hecho cosa alguna. Luego, que por un acto de compañerismo se les imputara por desacato a la autoridad.
Otro de los cinco delitos de los que se les acusa y que parece el “más importante”, tiene que ver con estar denunciados por “invasión”.
