Lo más importante de esta concentración, en contra de la muerte de 258 campesinos en manos de latifundistas, es que fue organizada por el propio pueblo y no convocada por instituciones. Más de 10 mil personas de todas partes de Venezuela se organizaron -sin tutelaje- y llenaron las calles de Caracas.
Alerta, alerta, alerta que camina el pueblo y la justicia sin burócratas fascitas...
Alerta, alerta, alerta que camina el pueblo y la justicia sin burócratas fascitas...
Por: luchadeclases.org.ve, Ciudad CCS y Alba Ciudad
Miles de partidarios de la revolución bolivariana tomaron las calles de Caracas éste martes, 07 de junio para exigirle al Gobierno que ponga fin a la impunidad y a la criminalización de la protesta popular. La marcha multitudinaria respondió al llamado de los movimientos sociales que hacen vida en nuestro proceso revolucionario y en el PSUV, como por ejemplo la Corriente Bolívar Zamora, El Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora, la Unión Nacional de Trabajadores, Movimiento de Pobladores, Frente de Resistencia contra los Desalojos Arbitrarios y otros colectivos. La marcha tuvo lugar en un contexto de grandes problemas y hechos absolutamente repugnantes por parte del aparato estatal, evidenciado por las recientes revelaciones sobre corrupción en el cuerpo policial (CICPC).
Los manifestantes pidieron que cese la represión a los movimientos sociales y castigo a los autores manuales e intelectuales del sicariato. Además se escuchó un fuerte rechazo a las purgas de la burocracia dentro de los medios de comunicación del estado, como vimos con los despidos de periodistas críticos en la Radio del Sur.
Otro reclamo de los movimientos sociales es que el Gobierno bolivariano termine la entrega de revolucionarios a la justicia burguesa de Colombia o a los Estados Unidos. Los casos de Joaquín Pérez Becerra y más recientemente, Julían Conrado, ha provocado un fuerte descontento en las bases del movimiento revolucionario y del PSUV.
Mientras los principales actores detrás del fallido golpe de estado de 2002 andan en libertad, conspirando contra nuestra revolución, el Gobierno está entregando a luchadores sociales, acusados de “terrorismo” en Colombia.
Uno de los ejemplos de cómo la justicia burguesa está siendo utilizada contra la clase obrera y los pobres, es el expediente que se ha abierto contra los trabajadores sindicalistas despedidos de Mitsubishi en Barcelona, acusados de “violación privada y daños genéricos”, buscando una pena de prisión de hasta siete años. La lucha contra estas agresiones de la empresa multinacional se inscribe en la misma lista de exigencias de los movimientos populares.
La marcha paro frente a la Fiscalía General de la República para que una comisión subiera y entregara un documento con las principales reivindicaciones de los colectivos, y de allí continuó la marcha hasta la Asamblea Nacional en Capitolio.
Impulsados por la indignación, movimientos sociales revolucionarios marcharon este martes por las calles de Caracas en rechazo no solo al sicariato, sino a la impunidad tras el asesinato de decenas de dirigentes campesinos y sindicales. También marcharon contra la criminalización de las luchas de movimientos campesinos y urbanos que luchan por la vivienda, se manifestaron en contra de los cercos mediáticos alrededor de las legitimas luchas populares, y en favor del Polo Patriótico en miras de las elecciones presidenciales de 2012.
Desde temprano, miles de personas de decenas de colectivos diferentes hicieron acto de presencia en Plaza Venezuela. Muchos venían del interior del país, y no les importó hacer lo necesario para sufragar su viaje. Lo importante era estar allí para manifestar su molestia ante la impunidad tras más de 250 campesinos asesinados por latifundistas y terratenientes desde 2001, cuando se implantó la Ley de Tierras, pero que no se ha visto justicia de parte de los órganos del Estado encargados de ello.
El Movimiento de Pobladores, que integra a decenas de colectivos y movimientos de todo el país que luchan por una vivienda digna -entre ellos a conserjes, inquilinos, personas que viven en pensiones, etc.- también trajo a una inmensa cantidad de miembros. Solicitan el sobreseimiento de causas penales a algunos de sus miembros, así como acelerar diferentes reformas legislativas que facilitan la criminalización de sus luchas; en particular, exigieron la derogación de un artículo del Código Penal, el 471-A, que castiga hasta con 10 años de cárcel la lucha por el acceso a la vivienda y por la tierra.
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| Marcos Salgado y Ernesto J Navarro haciendo Sálvese quien pueda, programa sacado del aire luego del despido de 5 trabajadores de la Radio del Sur por "relanzamiento" y orden ministerial |
La Asociación Nacional de Medios Comunitarios y Alternativos, Anmcla, también marchó contundentemente en contra de los cercos mediáticos que han habico contra las luchas populares. “No a la censura y autocensura que buscan aislar las voces y demandas populares”, reza un documento suscrito por los organizadores de la marcha días antes de su organización.
El Núcleo Endógeno Cultural Tiuna El Fuerte, el colectivo Crea y Combate, miembros del núcleo endógeno Nuevo Nuevo Circo, la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, trabajadores y ex trabajadores de La Radio del Sur y muchos otros integrantes de movimientos alternativos y populares marcharon también con sus propias consignas.
Popularizar a los mártires campesinos
Soto Rojas recibió a los marchantes a su llegada a la esquina de San Francisco. Después de escuchar a voceros de los movimientos participantes que señalaron que “la ineficiencia y la burocracia son enemigos de la Revolución”, Soto Rojas recibió un documento que recoge las peticiones de los marchantes.
En respuesta a las demandas del Poder Popular, el presidente del parlamento dijo que para revertir esta situación, es necesario asumir suficiente conciencia política, no para justificar tales circunstancias, sino para entender que todas las revoluciones tienen sus dificultades y marchan a su propio ritmo.
Soto Rojas se comprometió a luchar para dar a conocer los casos de campesinos asesinados, pues "la mayoría de las personas no pueden mencionar ni a cinco" de los más de 250 asesinados. Foto: LBR
Soto Rojas, señaló también la necesidad de “popularizar” los rostros de los caídos en la lucha contra el latifundio, dado que la mayoría de las personas no pueden mencionar los nombres ni siquiera de cinco de los más de 250 líderes asesinados por el latifundio.
Música militante
El concierto terminó con la música militante de cantores como Alí Costas Manaure, Sandino Primera, William Alvarado y muchos otros, quienes se manifestaron en contra de la captura y próxima entrega de Guillermo Enrique Torres, mejor conocido como Julián Conrado, el llamado “Cantor de las FARC”, quien fue atrapado en Barinas días atrás en un operativo que contó con la cooperación entre fuerzas de inteligencia venezolanas y colombianas. Dedicaron dos canciones a Conrado.
No se puede criminalizar rescate de tierras
Los diversos grupos que participaron en la marcha de ayer exigieron desarrollar estrategias comunes con organismos del Estado para acabar con la impunidad de la que han sido víctimas estas organizaciones sociales. En el documento entregado a la vicefiscal, Yajaira Suárez Viloria, del Ministerio Público, los colectivos solicitaron el cese del burocratismo en las instancias judiciales, así como celeridad en la investigación de crímenes contra dirigentes campesinos.
Más de 10 colectivos exigieron investigación y justicia en el asesinato selectivo de 258 campesinos en los últimos 9 años. Reclamaron la criminalización de las luchas populares contra el latifundio, a través del Poder Judicial, que procesó a más de 100 activistas por delitos contenidos en el Código Orgánico Procesal Penal.
Al Poder Legislativo solicitaron la revisión del Código Penal y que se derogue el artículo 471-A, que castiga hasta con 10 años de cárcel la lucha por el acceso a la vivienda y por la tierra. “No es un tema penal, sino civil porque afecta a toda la sociedad. No se puede criminalizar el rescate de tierras”, señaló Juan Carlos Rodríguez, vocero del movimiento de Pobladores. El artículo en cuestión dice:
Artículo 471-A. Quien con el propósito de obtener para sí o para un tercero provecho ilícito, invada terreno, inmueble o bienhechuría, ajenos, incurrirá en prisión de cinco años a diez años y multa de cincuenta unidades tributarias (50 U.T.) a doscientas unidades tributarias (200 U.T.).
El sólo hecho de invadir, sin que se obtenga provecho, acarreará la pena anterior rebajada a criterio del Juez hasta en una sexta parte. La pena establecida en el inciso anterior se aplicará aumentada hasta la mitad para el promotor, organizador o director de la invasión. Se incrementará la pena a la mitad de la pena aplicable cuando la invasión se produzca sobre terrenos ubicados en zona rural.
Las penas señaladas en los incisos precedentes se rebajarán hasta en las dos terceras partes, cuando antes de pronunciarse sentencia de primera o única instancia, cesen los actos de invasión y se produzca el desalojo total de los terrenos y edificaciones que hubieren sido invadidos. Será eximente de responsabilidad penal, además de haber desalojado el inmueble, que el invasor o invasores comprueben haber indemnizado los daños causados a entera satisfacción de la víctima.”
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