En dos platos: los
diputados de la derecha, mayoría en el parlamento, pretenden
entregar a la banca el millón y tanto de casas hechas por el
Ejecutivo, con la llamada Ley de propiedad de la Gran Misión
Vivienda Venezuela -GMVV-; y, las otras instituciones del Estado y el
pueblo organizado están en la obligación de servir de contrapoder
para que esto no suceda.
Con la fachada de
conceder la propiedad privada, y valiéndose de los errores y la
burocratización en la entrega de títulos (de propiedad
multifamiliar y familiar) por el Gobierno, el cardumen de
asambleistas liderado por Julio Borges, quieren asar gato por liebre:
algo así como “tome su título a cambio de que nos pague lo que
nos debe”, sino, “le ofrecemos un crédito”, y “como usted no
lo puede pagar”, entonces y en consecuencia “le hipotecamos el
techo”. Eso principalmente. Luego está la pretensión de devolver
las tierras ociosas a quienes nunca la trabajaron.
Después de que Borges
se burlara de lo que llamó “Operación maqueta”, ahora ofrece
títulos imaginarios a familias imaginarias, en casas imaginarias.
Es muy probable que,
con lo que vale la casita donde vive Borges, se puedan pagar varios
apartamentos de la GMVV ¿Pondrá a la orden su humilde techo para
que su “tan defendido” Pablo Pueblo pueda, junto a otros
harapientos, acceder a uno de sus derechos; o recibiría una jugosa
tajada de los organismos financieros para que “los que puedan” le
vendan el alma a un banco, a cambio de una casa?
Henry Ramos Allup,
símbolo adeco de la historia más reciente de Venezuela y presidente
del Parlamento, tiene una idea un poco más simple: “Si una persona
no puede pagar una casa, habría que adjudicársela a otra que la
pague”. Eso en el mundo se conoce como desahucio. El pueblo en
España sabe. El de Estados Unidos también.
Los poderosos son
expertos en convertir un derecho en mercancía.